Cóctel fatal de negligencia e ignorancia

Núria Vázquez / Jordi Benavente
Boletín de la facultad de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra,
BARCELONA, 05/10/2009

Los Mossos d’Esquadra llamaron al timbre de Benjamín López a las once y media de la noche del pasado miércoles 30 de septiembre. “¿Ha visto usted lo que hay en la calle?”, le espetaron al veterano portero del edificio del número 174 de la calle Comte d’Urgell. El hombre, que una hora antes había salido a tirar la basura sin que nada extraño le llamara la atención, se asustó, temiéndose lo peor.

Acompañó a los agentes al exterior y observó la escena: centenares de cartulinas con datos personales esparcidas por la acera, delante del edificio. Eran las fichas del archivo del Bingo d’Urgell, que recogían los datos de los clientes que habían frecuentado el local y los de los que, voluntariamente, se habían querido prohibir la entrada. Material sensible que, por ley, los responsables del bingo tendrían que haber eliminado cuando cerró sus puertas en julio del año 2008.

Existe un protocolo de seguridad que obliga a los propietarios de un negocio de estas características a eliminar esos datos, destruyendo las fichas si están en formato papel, o bien borrando los archivos pertinentes si se han registrado a ordenador, según Mercè Jante, portavoz de la Agència Catalana de Protecció de Dades.

Pero en este caso no fue así. Algo falló en el orden lógico de los hechos y las fichas quedaron olvidadas en un mueble archivador de una de las salas del Bingo d’Urgell que regentaba Francisco Javier González Reverte, que era y sigue siendo presidente del Gremi Català de Bingos. Esta revista trató de contactar con él para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, al cierre de esta edición aún no se había pronunciado.

Según el portero del inmueble, cuando González cerró el negocio en julio del año pasado, dejó deudas pendientes (alquiler, luz, agua, etcétera) con el propietario del establecimiento. Han pasado catorce meses y los nuevos inquilinos, de nacionalidad china, llevan una semana reformando el local para convertirlo en un restaurante que pretenden inaugurar en Navidad. Ellos mismos explican que, durante las tareas de limpieza, encontraron la cajonera con las fichas de marras junto a otros objetos que arrojaron al contenedor de los escombros. “No sabíamos lo que era”, explicó uno de los responsables del restaurante haciendo referencia a tan delicado hallazgo.

Se juntaron el hambre con las ganas de comer, y los chatarreros hicieron el resto. Siempre según el relato de López, cuando salió a la calle junto a los Mossos d’Esquadra, no fue difícil descubrir que había sido un grupo de quincalleros quienes habían esparcido todas las fichas, mientras trataban de hacerse con los elementos metálicos de los cajones. Habían tirado al suelo lo que para ellos sólo eran unas molestas cartulinas sin valor. Al ser interpelados por el conserje, se negaron a dar explicaciones.

López lo tiene muy claro: “Con el viento que hace siempre en esta calle y por el aire que causa el tráfico que circula por los cuatro carriles”, las papeletas no tardaron en quedar desparramadas por todo lo largo y ancho de la acera. Al parecer, fue una pareja que pasaba por allí volviendo del cine la que, al agacharse y descubrir la importancia del contenido de las fichas, decidió llamar a la policía.

“No sólo se ha violado la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) destapando la identidad de los clientes del bingo, sino que además, en este caso en concreto, quedaron a la vista de cualquiera los datos personales de posibles adictos al juego”. Son palabras de Manel Basart, responsable de comunicación de la Federación de Asociaciones Catalanas de Afectados por los Juegos de Apuestas (FACAJOC), que da cuentas de la gravedad del asunto.

Para Mercè Jante, de la Agència Catalana de Protecció de Dades, “al tratarse de una empresa privada, la responsabilidad de este incidente no recae en la APDCAT sino en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)”. A raíz de lo sucedido, el director de la AEPD, Artemi Rallo, ha ordenado que se iniciara de oficio la investigación para “esclarecer si ha existido vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos”.

Se trata de dirimir responsabilidades en esta cadena de desafortunados incidentes que acabó con centenares de datos personales, algunos de ellos pertenecientes a adictos al juego, esparcidos por el asfalto.